PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL
en el escenario actual de las políticas de
protección social en Venezuela
Irey Gómez Sánchez* - Luis Alarcón Flores**
Revista Regional de Trabajo Social. ISSN 0797- 0226 - AÑO 25 - Nº 52 - 2011 (52-63)
* Universidad de Oriente. Escuela de Ciencias Sociales. Departamento de Trabajo Social. Nùcleo de Sucre. Cumanà, estado Sucre. Venezuela.gomezirey3@gmail.com
** Universidad de Oriente. Escuela de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología. Nùcleo de Sucre. Cumanà, Estado Sucre. Venezuela.
(Para ver sumario, haz click aquì: http://www.revistatrabajosocial.com/sumario_52.htm)Existe un nexo histórico entre trabajo social y política social. Más allá de eso cada contexto social particular conforma un escenario en el que se conjugan diversos actores alrededor de un proyecto político-económico, que determina formas específicas de protección social en las que esta disciplina tiene un rol clave. En el caso de Venezuela, durante el período 1999-2011 se presentan elementos normativos, institucionales, organizativos y políticos que redimensionan el escenario de las políticas nacionales de protección social. El objetivo de esta ponencia es analizar las políticas de protección social, las formulaciones jurídico-políticas y las alternativas de gestión estatal al respecto, en este período. Desde el punto de vista metodológico, se analizan diversas dimensiones de las políticas, leyes y reglamentos en esta materia y en ese contexto las perspectivas de la práctica profesional del trabajo social. Se utiliza la técnica de revisión y análisis documental. Entre los resultados tenemos lo siguiente: el discurso y aplicación de las nuevas políticas sociales ha creado nuevas identidades, reafirmando a su vez el carácter legitimador que dichas políticas juegan en el proyecto socio-político nacional. De igual modo, en el plano normativo se recupera el modelo universalista, aún cuando su realización se ve interferida por los nudos críticos que históricamente vienen presentando dichas políticas. Se concluye que las distintas modalidades de protección social abren un reposicionamiento en el escenario profesional del trabajo social, sujetas al redimensionamiento de la práctica profesional y del contexto institucional y comunitario en el que se desarrolla la misma.
PALABRAS CLAVE: PROTECCIÒN SOCIAL, TRABAJO SOCIAL, PRACTICA PROFESIONAL.
There is a historical link between social work and social policy. Beyond thateach social context forms
a scenario in which different actors come togetheraround a political-economic project, which determines specific forms of social protection in this discipline has a key role. In the case of Venezuela, during the period 1999-2011 are regulatory elements, institutional, organizational and political resize the stage of national social protection policies. The aim of this paper is to analyze social protection policies, legal and political formulations and alternatives to state management in this respect, in this period. From the methodological point of view, we analyze various dimensions of policies, laws and regulations in this area and in this context the prospects for social work practice. Technique is used to review and document analysis. The results we have the following: the discourse and application of new social policies have created new identities, in turn reaffirming the legitimacy that these policies play in the national socio-political project. Similarly, at the policy level universalist model is recovered, even when their performance is compromised by the critical points are presented historically these policies. We conclude that different forms of social protection in the open repositioning of social workprofessional stage, subject to the downsizing of professional practice and the institutional and community that develops it.
KEYWORDS: SOCIAL PROTECTION, SOCIAL WORK, PRACTICE PROFESSIONAL.
Introducción
Tal como lo hemos sostenido en otros trabajos, la política social venezolana en las últimas décadas ha sido una expresión de las contradicciones propias del modelo económico y del sistema político que le acompaña. De modo tal que su análisis pasa por la consideración de las particularidades de las distintas coyunturas económico-políticas del país, los factores condicionantes tanto externos y internos y su correspondiente impacto en las políticas públicas en general.
Si tomamos en cuenta, los distintos modelos de política social entre ellos: el meritocrático, el institucionalista y el residual (Fleury cit. por Gómez y Alarcón, 2003), el caso venezolano se caracteriza por la coexistencia de diversas formas de política social, cuya implementación e importancia ha dependido del tipo de proyecto de desarrollo, del proyecto político y de las fuerzas sociales que lo han promovido en cada momento histórico, orientado principalmente a la búsqueda de modernización y desarrollo económico, la atención de la pobreza y legitimación de las fuerzas políticas en el poder.
A su vez, la política social ha estado históricamente ligada al quehacer profesional del trabajo social, de ahí que el cumplimiento de sus funciones, así como la práctica y el espacio profesional están sesgados por variables que trascienden la esfera de lo que es el ejercicio de la disciplina, reflejando la relación Estado-sociedad civil en un contexto histórico determinado.
Por otra parte, en el período 1999-2011 se estructura en Venezuela un escenario de protección social, caracterizado por la presencia de nuevos contenidos y procesos, que se han ido gestando al calor de las reformas políticas, jurídicas e institucionales que otorgan otros sentidos normativos y político-institucionales a los cursos de acción de la intervención social del Estado en este momento.
En este contexto, el discurso y aplicación de las nuevas políticas sociales han creado nuevas identidades, tanto en los destinatarios como en los ejecutores, reafirmando a su vez el carácter legitimador que dichas políticas juegan en el proyecto socio-político nacional. 2 De igual modo, en el plano normativo se recupera el modelo universalista, aún cuando su realización se ve interferida por los nudos críticos que históricamente vienen presentando dichas políticas. Dada la importancia que este tema tiene, en este trabajo se analizan dichas políticas y las perspectivas del trabajo social, tomando
como referente principal lo que ha sido la dinámica de las políticas de protección social en el área de vivienda y hábitat, la cual en este momento ha cobrado protagonismo, ante la coyuntura de desastre natural que vivió el país a finales del año 2010.
1. ANTECEDENTES: LA POLÌTICA SOCIAL EN LOS AÑOS 90.
Si tomamos en cuenta que la realizaciónde la política social es una expresión de la relación Estado-sociedad, tal como lo señalan Molina y Morera (s/f), el análisis de las limitaciones que la misma presenta, deberían buscarse no en el propio y exclusivo proceso de su individualización como política/
plan/programa o proyecto (policies), sino en un contexto institucional más amplio, a través del cual su aplicación cobra sentido. En el caso de Venezuela, la política social tradicionalmente se caracteriza por un “universalismo segmentado", por otro, la gestión social cuya práctica tiende a concentrarse en la asistencia social de tipo clientelar y la ejecución patrimonial del gasto social. En parte, estas contradicciones tienen relación con el tipo de relación Estado-sociedad, predominante no sólo en Venezuela, sino también en otros países de América Latina, la cual reproduce la fragmentación y exclusión social, aunado a reformas sociales y políticas económicas fallidas. En referencia al sistema de protección social latinoamericano, tal cuestión se vincula a lo que Possas (1992:328), califica como los condicionantes político-administrativos que impiden el aumento de la eficiencia del aparato estatal en el desarrollo de las reformas sociales.Al respecto, Offe (1994) afirma que respecto a la política social existe una “subordinación positiva” de “los sistemas normativos y políticos-coercitivos” (a través de normas e ideologías) a la esfera económica. Reinterpretando dicho planteamiento, se plantea la hipótesis que en Venezuela, esta subordinación se orienta al sistema político, por el rol que éste tiene en la distribución de la renta petrolera y la utilización de esa renta en la búsqueda de legitimidad política y control social.
Vale destacar que durante los años noventa, la retracción del Estado en el ámbito de la política social, formó parte de las estrategias económicas de reestructuración y ajuste, aplicadas en la mayor parte de los países de América Latina, como respuesta a la crisis de endeudamiento externo e insolvencia financiera que estos países sufrieron durante ese período. Tal retracción, en la situación particular de Venezuela, se puso de manifiesto en el ámbito social, destacándose la reducción y falta de eficiencia del gasto social; el predominio de la política social de carácter residual; la ausencia de un sistema de seguridad social en sentido integral; y en consecuencia la profundización de los déficits de servicios sociales de carácter público y el acceso segmentado de la población de menores recursos en la provisión de bienes y de dichos servicios (Gómez y Alarcón, 2008). Específicamente, entre los años 1996 y 1998, se le dio continuidad al modelo de política social residual a través de la estrategia social del plan económico conocido como AgendaVenezuela (AV). En dicho modelo, se ofrecieron transferencias directas (monetarias y en especies) a los grupos más pobres, disminuyendo, la inversión social de carácter estructural de mediano y largo plazo, mientras se dedicaban altos ingresos al pago del servicio de la deuda externa.
A su vez, el énfasis en programas sociales -que técnicamente representan la unidad mínima de asignación de recursos- desarticulados del resto de las políticas sectoriales, sin una adecuada integración con la política económica, reduce conceptual y operativamente la política social, durante el desarrollo de la antes mencionada agenda económica. La participación en el PIB de los programas sociales de la AV fue de apenas 1,4% y se redujo a 1,3% en el año 1997, esta cifra presentó un porcentaje menor del PIB. De igual modo, la inversión social dedicada a las políticas sectoriales se redujo. Por ejemplo, la inversión en salud como porcentaje de PIB, descendió de 2,63% en 1992 a ,86% en 1997 (Gómez y Alarcón, 2008). En consecuencia, en ese momento se limitaron aún más las posibilidades de integración social ya que en vez de potenciar al sujeto como ciudadano con derechos, éste se hizo socialmente más vulnerable al recibir únicamente transferencias de bienes y servicios cualitativa y cuantitativamente menores, perpetuándose así su status o condición de pobreza.
Es notorio que en este contexto de ajuste económico antes señalado, se produjeron grandes vacíos en el sistema de protección social nacional. En su lugar, el Estado se dedicó a administrar un sistema de dádivas que marcaron un retroceso de la política social, en sentido conceptual y operativo. Esta reorientación y las restricciones acumuladas durante anteriores décadas, convierten el modelo de política social residual en un elemento favorecedor de la institucionalización y/o formalización de la mendicidad
por parte del Estado. La participación en la distribución de las dádivas y beneficios sociales, le permitió a las fuerzas políticas en el poder – en su carácter de mediadores en la relación Estado-sociedad civil- capitalizar los beneficios de la intervención social del Estado. Se acentuaron las contradicciones antes mencionadas, centrando la política social en dádivas e intercambio de favores que convierten al usuario en mendigo frente a los actores políticos o burócratas que representan al Estado. Cuestión que a su vez
mantuvo la función legitimadora de la política social como medio para compensar o en todo caso neutralizar los efectos socialmente indeseables de los planes económicos de ajuste.
El panorama antes mencionado indudablemente complejiza el panorama de las políticas sociales para el nuevo milenio, específicamente en el período 1999-2010, a pesar de los avances en sentido jurídico-normativo y la recuperación formal del ideario universalista, persisten los nudos críticos en su funcionamiento. Dada la importancia que tienen y su vinculación al quehacer profesional del trabajo social, a continuación se referirá el caso de las políticas de vivienda y hábitat en dicho período.
2. EL CASO DE LAS POLÌTICAS DE PROTECCIÒN SOCIAL EN VIVIENDA Y HÀBITAT: REFORMAS Y POLÌTICAS.
La vivienda es uno de los activos más importantes en la superación de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En tal sentido, las políticas en materia de vivienda y hábitat se consideran un componente fundamental en las intervenciones públicas destinadas a la protección social. De igual modo, en una perspectiva de derecho, la posesión de este bien y las condiciones óptimas del hábitat constituye un derecho social que en el caso estudiado, está planteado en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (CNRBV) aprobada en el año 1999. Hemos seleccionado este tema, por su complejidad y amplitud, no obstante, las respuestas públicas tradicionalmente se han ido limitando a la consideración de la demanda puntual de vivienda. El deber ser indica la necesidad de dar una atención integral lo cual implica construir un entorno social habitable,
ubicando a la familia en un alojamiento con servicios públicos eficientes y accesibles, con acceso al mercado laboral y a la seguridad social. Tal cuestión ubica a estas políticas en la dimensión del desarrollo social sostenible y sustentable. Otro aspecto que vale la pena resaltar, es que además de haberse centrado en la atención puntual de la demanda, las intervenciones públicas en vivienda y hábitat, tradicionalmente no han considerado el impacto psicológico que ocasiona en la esfera individual y familiar, la carencia del espacio privado o íntimo que toda persona necesita para su desarrollo individual y grupal, a la par de todas las consecuencias que trae la vulnerabilidad social de las familias más pobres ante situaciones de violencia social, falta de ciudadanía y desastres naturales. En Venezuela en los últimos años, se ha proyectado con mucha insistencia la dimensión cuantitativa de la problemática habitacional, específicamente lo relativo a la escasez de vivienda y las dificultades que vive la población para acceder al mercado privado inmobiliario. Al respecto, aunque el gasto social en las áreas educativas y de salud, mostró cierto crecimiento entre 1996 y 1999 (de 33% en 1996 pasó a 40,8% en 1999 lo dedicado a educación; y en salud lo hizo de 29,2% a 38%, en los mismos años), no ocurrió igual en el área de “vivienda y desarrollo social” la cual más bien bajó de 25,5% en 1996 a 9,8% en 1999 (ILDIS, 2000, cit. por Gómez, 2007). Cabe aclarar que lo criticable en este caso de la política social, no es su preferencia por las medidas de compensación y selectividad hacia los más pobres –cuestiones socialmente necesarias- sino los riesgos que conlleva la aplicación irracional de dichas medidas, su escaso impacto y la disminución de la inversión social de tipo estructural, permanente y a largo plazo. La más insistente crítica a la aplicación de la estrategia económica neoconservadora en A. L. ha sido la ruptura que ella provocó del consenso social acerca del funcionamiento del sistema de bienestar social estatal. En contraste, con lo sucedido en buena parte de los llamados países desarrollados, en los que sí se mantuvo ese consenso y por ende, un piso mínimo que permite conservar los estándares de vida y cierta igualdad socioeconómica de la población (Minujin y Consentino, 1996).
Hemos acuñado el concepto de "mendicidad formalizada desde el Estado" en trabajos anteriores basados en la revisión realizada. En los años noventa, se reforzó e institucionalizó esa mendicidad desde el Estado, al aumentar la pobreza y desigualdad entre los grupos más pobres. Tal situación se produce al fallar los mecanismos de solidaridad familiar o grupal, en la satisfacción de las necesidades básicas de estos grupos, activándose entonces mecanismos institucionales y/o personales que convierten al sujeto pobre en mendigo, debilitándose aún más su condición de ciudadano (Ver Gómez, 2007). Aunque el gasto social en las áreas educativas y de salud, mostró cierto crecimiento entre 1996 y 1999 (de 33% en 1996 pasó a 40,8% en 1999 lo dedicado a educación; y en salud lo hizo de 29,2% a 38%, en los mismos años), no ocurrió igual en el área de “vivienda y desarrollo social” la cual más bien bajó de 25,5% en 1996 a 9,8% en 1999 (ILDIS, 2000, cit. por Gómez, 2007).
Según las cifras que revelan tanto el Consejo Nacional de la Vivienda, el Fondo de Desarrollo Urbano, como la Cámara de la Construcción entre los años 1999 y 2004 se programaron 159.000 unidades, pero solo fueron entregadas 91.000 viviendas (en 5 años). Esto equivale al cumplimiento del 58% de lo planificado y el déficit habitacional para ese momento, se ubicó en 1.800.000 viviendas. De igual modo se afirma que alrededor de 14 millones de personas viven actualmente en viviendas precarias mejor conocidas como ranchos y un 74 % de la población necesita una vivienda adecuada (Olivares, 2011).
En lo que respecta a las intervenciones públicas, desde el año 2004 hasta el presente se han formulado estrategias y decretado una variedad de leyes y reformas en materia de atención a la problemática de vivienda y hábitat (Ver tablas 1 y 2)). Tales acciones son indicativas de cambios en el marco normativo-
jurídico que orientan la política social hacia un abordaje integral de dicha problemática, favorecedor en el acceso a la vivienda y hábitat por parte de los sectores de menores recursos Sin embargo, esto no es
suficiente, ya que en la práctica no se ha podido avanzar con eficiencia y eficacia en el cumplimiento de lo que estable la CNRBV, es decir, la construcción de “un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias”. Una expresión de esta problemática social es que el déficit de vivienda se ha incrementado, estimándose en 2 millones de unidades habitacionales para este momento, con el impacto que esto significa en la calidad de vida de la población. Como han insistido algunos especialistas del tema, la construcción de un hábitat humanizado va más allá de la dotación de la vivienda (Cilento, 2006; Genatios, 2004), al respecto tanto el sector público como el privado han cometido errores en el abordaje, del lado público las respuestas han sido fragmentarias y claramente insuficientes e ineficientes,mientras que del lado privado, se actuó en algunos casos con extrema codicia y falta de ética. Entre las novedades del marco jurídico antes mencionado, cabe citar en el año 2007 la aprobación de una normativa que establece las condiciones mínimas que deben tener los bienes inmuebles o viviendas ofertados tanto por el sector público como privado. Así como también en el año 2009, la resolución que elimina el cobro del Impuesto por concepto del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ambas medidas representan un avance que busca facilitar el acceso equitativo a este bien tan importante. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para mejorar la situación habitacional en el ámbito
nacional. Existen diversos críticas al respecto, entre ellas las siguientes: a) El intento de mudar a las personas del entorno citadino donde tienen su trabajo y proyecto de vida en general hacia otro espacio que no garantiza una adecuada inserción laboral y mejoras en la calidad de vida (esto fue visible en la ejecución del programa de atención a damnificados); b) la falta de equidad, transparencia y eficiencia en el acceso a las viviendas ofrecidas por el sector público y ausencia de regulación y control del mercado inmobiliario privado, que en su conjunto afectan los sectores de menores recursos económicos en la obtención de este preciado bien; c) el abordaje limitado y fragmentado que se ha hecho de la problemática habitacional, en comparación con el carácter integral que plantea el marco jurídico-normativo; d) La poca efectividad y escaso impacto que han tenido las políticas de rehabilitación urbana y de apoyo a la autoconstrucción en los sectores populares; e) la falta de continuidad, evaluación y seguimiento de las políticas habitacionales y la menor importancia otorgada en la asignación del gasto social en comparación con otras intervenciones públicas (salvo en coyunturas de atención a desastres naturales). Se citan tambien los problemas institucionales (falta de continuidad en el gabinete ministerial: 8 ministros de vivienda y 9 ministros de infraestructura en lo que va del periodo gubernamental; la atomización y superposición de organismos públicos en el área: se crearon alrededor de 18 instituciones vinculadas con la atención en vivienda, muchas de ellas ya se han eliminado en los últimos años). Esto afectó principalmente a los sectores medios que fueron víctimas de estafa inmobiliaria. Aunque en los últimos años del período estudiado, se han tomado acciones para atacar la falta de eficiencia y transparencia y el abordaje fragmentado de la gestión pública. Esto se expresa en la eliminación de una parte de la maraña institucional (instituciones tales como: CONAVI, FONDUR, entre otras) y la centralización de las políticas de Vivienda y Hábitat en el nuevo Ministerio para la Vivienda y Hábitat, como ente rector en esta materia. Estudios indican que a pesar de que Venezuela se encuentra entre uno de los países con mas alto porcentaje de gasto social de América Latina, en el período 1999-2006 los aportes asignados al rubro de vivienda y servicios conexos fueron uno de los bajos comparados con los del año 1984 (Aponte, 2006)
En términos generales, la complejidad del problema exige soluciones estructurales, que impliquen atender eficazmente la situación de vulnerabilidad urbana y rural que vive la población. Esto pasa por realizar esfuerzos de cooperación técnico-financiera, institucional, en las que participen tanto el sector
público como el privado y la comunidad organizada. Esta unidad supone trascender la polarización político-ideológica, en la que aparentemente se enfrentan discursos y perspectivas distintas en cuanto a lo que se hizo y/o ha dejado de hacerse. Por un lado, se plantean críticas a los planes gubernamentales,
calificándose de populistas y poco viables, algunas de estas críticas se acompañan con propuestas que tienen un alto nivel técnico y de experiencia institucional (por ejemplo, las provenientes de expertos universitarios, como es el caso del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela) pero tales propuestas no están integrados o vinculados a la gestión gubernamental, por estar sus autores ubicados en perspectivas político-ideológicas distintas al gobierno. Por otro lado, se tienen los planes de construcción masiva de vivienda que ha ofertado el poder ejecutivo nacional. De igual modo, los grupos sociales afectados son numerosos, algunos han logrado articular esfuerzos para verse representados y tomados en cuenta en cuanto a sus particulares demandas, otros no aparecen aún y por tanto, se mantienen en mayor riesgo de permanecer en la exclusión. En la gráfica 1 se presentan varios actores, con intereses y expectativas diversas. Los que representan al grupo de expertos universitarios, han tenido cierta resonancia en los medios, tienen una postura crítica hacia las políticas actuales de vivienda, algunos con experiencia en la gestión pública, no
obstante, están en la periferia con respecto a la toma de decisiones en la materia estudiada. Este grupo coincide en su reclamo acerca de la falta de continuidad en las políticas habitacionales (especialmente, la rehabilitación física de barrios iniciada en 1999), está en desacuerdo con la construcción aislada de viviendas, sin tomar en cuenta el hábitat en su conjunto. Proponen la búsqueda de otras opciones que implique mayor corresponsabilidad y alivien la carga del Estado (Ver Genatios y Lafuente, 2004; Cilento, 2006).
Por su parte, los usuarios y la comunidad organizada, es un actor bastante fragmentado y heterogéneo, su aparición en la agenda pública fue forzada por la crisis causada por el desastre natural de finales del año 2010,en el cual se visibilizaron no sólo los sectores más pobres, sino también otros grupos de clase media que llevan años esperando por este bien y fueron víctimas de estafa por parte de grupos privados del negocio inmobiliario. Otros actores son los empresarios de la construcción y las inmobiliarias, están organizados y son vulnerables a las presiones, tanto del gobierno como de los usuarios, la falta de control ciudadano y del Estado, llevó a que algunos grupos económicos hicieran negocios ilícitos y dejaran de cumplir los compromisos contraídos con compradores de vivienda. De igual modo, las expropiaciones de tierras y las regulaciones del mercado han creado incertidumbre en el papel que este sector va a desempeñar en la solución de la problemática de vivienda y hábitat. Finalmente, el gobierno representado en la figura del Presidente de la República y su tren ministerial, ante las múltiples demandas y conflictos que enfrenta ha enfatizado en la construcción masiva de viviendas y la expropiación de la tierra urbana como opciones a la crisis planteada.
Para algunos analistas políticos, este conflicto y el nivel de éxito que el gobierno logre alcanzar en el corto y mediano plazo,pueden incidir en el futuro respaldo electoral de los sectores populares al proyecto político de la “Revolución bolivariana.
3. - DESAFÌOS DEL TRABAJO SOCIAL EN LAS POLÌTICAS NACIONALES DE VIVIENDA Y HABITAT.
En Venezuela la relación entre el trabajo social e intervención profesional en política social ha mostrado mayores avances en la formación académica que en la práctica de la disciplina como tal. Las distintas escuelas formadoras han realizado un esfuerzo por integrar las diversas propuestas de colegas latinoamericanos, bajo ideas tales como “integración y pluralidad metodológica” y “comprensión social compleja”. No obstante, en el campo de la praxis profesional, el activismo, la orientación tecnocrática tradicional y los problemas de funcionamiento de las instituciones públicas impactan negativamente el quehacer profesional. Puede afirmarse que en la experiencia venezolana el ejercicio profesional expresa una orientación “adaptativa-dominante” (Evangelista, cit. por Ribeiro, et. al, 2007), caracterizada por un mayor compromiso profesional con la práctica o ejecutoria de las políticas sociales pero carente de reflexión crítica y de investigación participante, necesarias para comprender la realidad social y trascender el objeto del trabajo social más allá de la atención puntual de las demandas sociales. En referencia al tema que ocupa este trabajo, se tiene que en el ámbito de las políticas en vivienda y hábitat, el espacio profesional del trabajador social –al igual que en el resto de las políticas sociales- no trasciende el rol de ejecutor de actividades que dan sentido a los diversos programas y/o proyectos principalmente en el nivel microsocial, sin tomar parte activa en la formulación, evaluación y seguimiento de esta política (tabla 3). Como se puede notar en la tabla 3, el quehacer del trabajador social se ha relacionado con la promoción y activación de dispositivos de participación social o comunitaria cuyos objetivos se ubican en la esfera de reproducción social. Indudablemente, la organización popular se ha incrementado, avivado por la urgencia de respuestas a las necesidades sociales y baja calidad de vida que sufren los sectores populares. En este caso, el papel del trabajo social ha sido un elemento importante en la potenciación de dicha organización y participación comunitaria en materia de vivienda y hábitat.
Sin embargo, se mantiene la debilidad en la elaboración teórica del objeto del trabajo social ya que el rol profesional no se corresponde con la complejidad de la problemática habitacional y con las expectativas y posibilidades que crea el nuevo marco jurídico, normativo e institucional venezolano a partir del período en estudio. Particularmente, el pragmatismo ha impedido el análisis de las políticas de vivienda y hábitat desde su proceso de creación, gestión y resultados. Es paradójico, la alta presencia del trabajo social en la gestión de dichas políticas con su falta de investigación acerca de las mismas. Por tal motivo, no se ha dado en esta disciplina un debate acerca de las distintas dimensiones de este problema, entre ellas, la pertinencia y adecuación de las distintas reformas y políticas, el tipo de involucramiento de los usuarios o destinatarios, la contribución de los actuales dispositivos de participación comunitaria al desarrollo de la ciudadanía social y del sujeto político. Es oportuno considerar que existen escenarios que limitan o afectan el rol profesional del trabajo social. Entre ellos se pueden mencionar: las fallas en el funcionamiento de la institucionalidad social vinculada al campo de la vivienda y hábitat. Valga decir, la superposición de organismos y funciones, la poca efectividad en la asignación y ejecución del gasto social y el abandono de las acciones de mediano y largo alcance que van allá del otorgamiento de la vivienda, así como también, el descuido en la ejecución de los programas de rehabilitación a gran escala de los barrios o zonas populares. Por otra parte, en la atención de los problemas antes mencionados, en los últimos años se han tomado algunas medidas, entre ellas tenemos: la eliminación de una variedad de dependencias y organismos que suponían una carga burocrática para el sistema público nacional (CONAVI, FONDUR, entre otros). De igual modo, se ha promovido una mayor participación de la comunidad organizada (a través de los Consejos Comunales o Comités de Usuarios) en el diagnóstico y programación de estrategias para resolver el problema. En este contexto, la organización popular ha dado pie al ejercicio de la contraloría social en el seguimiento de aquellos casos en los que es evidente, la situación de fraude inmobiliario por parte de grupos privados que por diferentes razones han vulnerado también los derechos sociales de la población. Esto ha generado respuestas positivas en términos de la restauración de los derechos sociales de las familias afectadas. Sin embargo, las familias que habitan los refugios aún permanecen en condiciones de indigencia. Con respecto al rol profesional, el trabajador social se ha destacado principalmente como auxiliar en el equipo de urbanistas, arquitectos, ingenieros que laboran en los organismos vinculados a las políticas de vivienda y hábitat. Como ya se ha mencionado, el trabajador social ha tenido un papel destacado en los últimos años en la promoción y creación de dispositivos de participación y organización popular, los cuales se han convertido en una vía o requisito primordial para el acceso a la vivienda en nuestro país. Este proceso de organización tiene indudablemente una trascendencia en la ejecutoria de la política social, sin embargo, no ha sido valorado en su justa dimensión en los espacios institucionales que promueven dicha participación12 y desde el trabajo social tiende a mantenerse en un nivel empírico, como lo afirmamos anteriormente, carente de investigación y de reflexión crítica. No hay que olvidar, que el escenario profesional se ve afectado por el pragmatismo, el inmediatismo y el burocratismo que caracterizan el funcionamiento de la institucionalidad pública en nuestro país. Tales elementos condicionan la práctica profesional. Por ejemplo, en el caso de la participación popular o ciudadana que se promueve desde las instituciones u organismos públicos de vivienda y hábitat, existe la tendencia a concebir dicha participación como una “etapa” en la que la población debe tomar ciertas iniciativas prácticas –que se quedan en parte administrativa del proceso para lograr el acceso a este bien público. De ese modo, el trabajo social colabora en la tendencia a la despolitización de la participación ciudadana y en el debilitamiento en la construcción de sujeto político que haga valer el derecho a la vivienda y el hábitat en los términos planteados en el artículo 82 de la CNRBV. Al no develar las contradicciones allí presentes, esta disciplina limita las posibilidades de transformación social y construcción de ciudadanía, como objetivos que trascienden la mera ejecución de lo establecido en la planificación pública.
Relacionando la discusión del abordaje profesional del trabajo social en materia de vivienda y hábitat a los posibles aportes a la elaboración teórica del objeto en esta disciplina, resalta que el eje central de este tipo de intervención es una expresión de lo que Zamanillo califica el binomio “necesidades sociales-recursos”. Esta perspectiva del objeto del trabajo social ha sido criticada y en el caso estudiado, reduce el ámbito de acción social profesional a la atención de la “carencia” de la vivienda, reforzando así el enfoque residual de la política social y el abordaje asistencialista del trabajo social. Dicho abordaje, tiende a minimizar o a invisibilizar el impacto psicosocial que dicha problemática trae y la vivencia de los usuarios con respecto a la misma. En consecuencia, si la preocupación central se queda en la demanda y otorgamiento de este bien, sin una perspectiva y abordaje integral en materia de vivienda y hábitat, ocurre un debilitamiento tanto de la política social como del trabajo social.
CONCLUSIONES
Más allá de la coyuntura de crisis que se ha presentado en Venezuela ante los efectos del desastre natural ocurrido a finales del año 2010, en materia de vivienda y hábitat se requiere un abordaje que garantice la atención integral de la población, con intervenciones públicas que hagan valer los derechos
ciudadanos. El marco jurídico-normativo creado en este período, representa una oportunidad para el espacio profesional del trabajo social, en la medida que pueda traducirse en acciones de mediano y largo
plazo, que sean sostenibles, racionales y estén fundamentadas en la participación de los distintos actores relacionados con el problema planteado.En el año 2006 se conformaron alrededor de seis (6) mil Comités de Tierras Urbanas en el territorio nacional, en su mayoría con apoyo técnico del trabajador social (Uzcategui, 2008) . Para contrarrestar el enfoque residual de la política social, la intervención del trabajo social debe ubicarse en una perspectiva que haga énfasis en la comprensión compleja de la problemática habitacional, en la educación popular, la concientización, la movilización y participación de la población, de manera tal que se amplíe el involucramiento y la acción coordinada de los actores sociales (instituciones del Estado, especialistas, trabajadores sociales, representantes de la organización popular y el sector privado) en el diseño, financiación, ejecución eficiente, evaluación y control de las políticas de vivienda y hábitat. Dicha intervención debe trascender el asistencialismo y la simple gestoría o administración de proyectos que tienen muy poco impacto en la solución del problema. Como toda política pública, su creación y gestión debe apuntar no sólo a la solución tangible de los problemas prácticos de la gente, sino también a la construcción de una cultura política de reconocimiento y defensa de los derechos humanos.
Bibliografía
Aponte Carlos (2006) El gasto público social venezolano: sus principales características y cambios recientes, desde una perspectiva comparada. En Cuadernos del CENDES. V. 23. Nº 63. Caracas.
Cilento S. Alfredo (2006) Penuria Habitacional y vulnerabilidad urbana. Una revisión necesaria. En Barrios, A, et.al. Venezuela: Un acuerdo para alcanzar el desarrollo. IIES-Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.
Diario Reporte. (2009). “Venezuela construirá tres millones de viviendas en diez años”. Caracas. 25-02-2009.Disponible en: http://www.guia.com.ve/noti/36211/venezuela-construira-tres-millones-de-viviendas-en-10-anos
Diario Ultimas Noticias (2009). “Para acabar con el déficit habitacional se requieren veinte años de trabajo”. Caracas.16/01/2009. Disponible en: http://www.guia.com.ve/noti/34072/para-acabar-deficit-habitacional-se-requieren 20anos de trabajo
Fleury, Sonia (1997). “Estado sin ciudadanos. Seguridad Social en América Latina.” Lugar Editorial. Buenos Aires. Argentina. Colección Salud Colectiva.
Fundación Vivienda Popular (2011). Leyes y Decretos en materia de vivienda en Venezuela. Caracas.
Disponible en http://www.viviendaenred.net/
Genatios Carlos y Lafuente Marianela (2004) “Atención a la Vivienda en Venezuela”. En: Nota Técnica. V. 42. Nº 1. Instituto de Materiales y Modelos Estructurales. UCV. Caracas- Venezuela.
Gómez Irey y Alarcón Luis (2003) “Los nudos críticos de la política social venezolana de 1989 a 2001”. En Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Nº 2. Vol. 9. FACES, Universidad Central de Venezuela. Caracas.
Gómez, Irey (2007) ¿Ajuste económico con desajuste social? Un análisis de los programas sociales de la Agenda Venezuela. FACES-.Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela. Tesis doctoral.
Gómez Irey y Alarcón Luis (2008) De la retracción al intervencionismo desinstitucionalizado: Variaciones del papel del Estado en la política social venezolana (1990-2008). Articulo no publicado. Universidad de Oriente. Núcleo de Sucre. Cumanà.
__________ (2010) Trabajo Social y Protección Social en Venezuela en el marco de la Revolución Bolivariana. Ponencia presentada al 13º Congreso Colombiano de Trabajo Social. Calì, Colombia.
Márquez Trino y Lima Boris (2000). Venezuela: estado y política social (Nudos críticos y propuestas para desatarlos). Cátedra abierta de Gerencia Social. N° 12, Ediciones Fundación Escuela de Gerencia Social. Caracas.
Molina Emilia y Morera Nidia (s/f). La investigación de políticas sociales: un enfoque del trabajo social. Escuela de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.
Ribeiro, Manuel, et. al. (2007). Trabajo Social y Política Social en México. En Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Año/Vol. XVII, número 002. Universidad Autónoma de Tamaulipas. México. Pp. 175-200.
Rodríguez, M. et. al (2008) El análisis de las políticas públicas: los procesos de formación y desempeño de las políticas de vivienda (ciudad de Córdoba, 1999-2003). En: Aquìn Nora (organizadora). Trabajo Social, estado y sociedad. Cuestión social, políticas públicas y trabajo social. Tomo 2. Editorial Espacio. Buenos Aires.
Zamanillo Teresa (1999) Apuntes para el objeto en trabajo social. En Cuadernos de Trabajo Social 12. Madrid. España.
Comentarios