Hay que partir del hecho de que toda sociedad aspira el bienestar social (BS), èste es un valor social y a la vez una pràctica social. El BS no se decreta, se construye en forma colectiva. Requiere una relaciòn Estado-sociedad democràtica, que exprese la construcciòn de un proyecto de sociedad que promueva la participaciòn polìtica y ciudadana, asì como el fortalecimiento de los derechos sociales. Independientemente de los estándares de bienestar social y de los paràmetros que orientan la ciudadanìa en cada naciòn, debe existir un balance de poder entre el Estado y la sociedad. La institucionalidad pùblica, asì como la organizaciòn social deben ser eficientes, en el desarrollo de polìticas pùblicas que respondan a los intereses del colectivo nacional.Para leer artìculo de la autora relacionado con este tema hacer click aquì: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/904/90411687008.pdf
Al respecto, no hay que olvidar, que en Amèrica Latina -y desde luego de Venezuela- se han detectado las dificultades en la construcciòn de una relaciòn Estado-sociedad inclusiva, democràtica y participativa. Estas dificultades se traducen en el malfuncionamiento del sistema de protecciòn social y de bienestar social.
En la pràctica, lo màs destacado ha sido el uso patrimonial de los recursos pùblicos, la relaciòn clientelar como criterio principal de asignaciòn de esos recursos y el centralismo en la toma de decisiones de polìticas pùblicas.
En el panorama actual -y aùn cuando no se haya hecho una evaluaciòn integral de la políticas sociales aplicadas en los ùltimos diez años- es claro que la superaciòn de los problemas antes mencionados es un desafìo y debe ser parte fundamental del compromiso ètico-polìtico de las distintas fuerzas sociales en Venezuela, reeditando el pacto social necesario para mantener la gobernabilidad democratica en el paìs.
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